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Entorno histórico y consecuencias de las desamortizaciones

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Félix O. Martín Sárraga. Investigación personal. 2015.


 

Actualizado el 30/08/15 con nuevos cronogramas

Preámbulo

Se conoce como desamortización al “acto jurídico en cuya virtud los bienes amortizados dejan de serlo, volviendo a tener la condición de bienes libres de propiedad particular ordinaria” y por la cual sus poseedores pierden los bienes, pasando al Estado como ‘bienes nacionales’ y que al venderlos a particulares se hacen bienes libres. Con ella se intentó que la propiedad acumulada en determinadas manos (conocidas como “manos muertas”), volvieran al tráfico jurídico y generaran riqueza al Estado.

Antes de entrar en materia hemos de recordar que en el siglo XVI (inicio del Antiguo Régimen) predominó un sistema económico, político y social caracterizado por: economía agrícola y señorial, sociedad estamental, monarquías absolutas y población estancada. Durante el Antiguo Régimen predominó la "propiedad vinculada", que no podía venderse ni heredarse y supuso la creación de los señoríos, y la sociedad estaba dividida en grupos cerrados a los que se pertenece por nacimiento, el ascenso social era muy limitado y había desigualdad civil: privilegiados y no privilegiados.

  • El clero era grupo privilegiado y heterogéneo (Alto clero, procedente de la nobleza, y Bajo clero, de origen campesino y con vida modesta, sin lujo ni privilegios) que suponía un pequeño porcentaje de la población (<1%), pero tenían grandes rentas procedentes del sus señoríos y del diezmo, y no pagaban impuestos 
  • La nobleza era un grupo heterogéneo: alta nobleza y baja nobleza (local o de toga) que mantenía un monopolio económico y político y tenía privilegios honoríficos, económicos y fiscales.

Ante ellos la mayoría de la población (90-95%) eran un grupo no privilegiado que se oponía al régimen feudal y reivindican la igualdad civil. En él había una enorme diversidad (burguesía rentista, burguesía financiera, burguesía manufacturera, pequeña burguesía, clases populares urbanas, campesinos libres, jornaleros, siervos, etc.).

Gobernaba la Monarquía absoluta, caracterizada por: Origen divino del poder (oponerse al Monarca es oponerse a los designios de Dios) y el rey concentraba todos los poderes (arbitrariedad norma de Estado), siendo las únicas restricciones a su poder absoluto la ley divina, el derecho natural, las leyes fundamentales del Reino y los Parlamentos o Cortes (de origen medieval tenían un poder muy limitado).

Intentos desamortizadores previos al siglo XIX

En el siglo XVI hubo ya intentos de desamortización cuando varios escritores manifestaron al rey que "habían crecido los bienes de la Iglesia" o le aconsejaron "que evitara el que continuase habiendo tan gran número de eclesiásticos", actitudes derivadas del hecho de que los políticos de entonces  sostenían que la causa de la despoblación española era celibato eclesiástico y estaban convencidos de que “10.000 o 12.000 matrimonios más producirían al cabo de algún tiempo un número de vasallos muy considerable".

Para el siglo XVII hay abundancia de los informes, consultas, escritos y memoriales críticos al aparato burocrático y administrativo de España, que fueron muchos más durante el XVIII. La postura de los reyes ante la amortización estuvo condicionada por su gran religiosidad y la sumisión al Papa, pero las crecientes dificultades monetarias les llevarán a las primeras desamortizaciones.

La pobreza de estos siglos contrasta con el esplendor de las Universidades, en las que se distinguen estudiantes de diferente status: acomodados (hijos de nobles y adinerados), camaristas (alquilaban una cámara aparte en las posadas), pupilos (regentados por los bachilleres de pupilos o pupileros), y sopistas, capigorrones, gorrones, moscones y vades (los que 'tenían el hambre del diablo', desamparados y pobres de solemnidad; en ocasiones criados de otros más pudientes.

Felipe III estableció la Corte en Valladolid, donde la mantuvo hasta 1606, periodo durante el cual hubo hostilidades con los turcos otomanos y se enfrentó a la enemistad habida con la República de Venecia y el ducado de Saboya. En esta franja temporal, ante la proliferación de escritos destinados a poner límite al elevado número de eclesiásticos habidos en 1603, Felipe III consultó el problema con el general de la Orden de San Francisco y a su predicador, mostrando ambos la opinión de que debía ponerse límite a las fundaciones. Continuó un periodo de inestabilidad en el que, entre otros acontecimientos:

  • En 1609 se firmó la "Tregua de los 12 Años" con los Países Bajos, suponiendo el reconocimiento oficial de la existencia de Holanda. La paz así alcanzada permitió a la Corona española enfrentar el problema de los moriscos, cuya integración se había hecho muy difícil tras las sublevaciones de las Alpujarras y decidiéndose su expulsión por motivos religiosos y de seguridad interior. Esta medida afectó especialmente a los reinos de Aragón y Valencia y provocó el despoblamiento de determinadas zonas y falta de mano de obra agrícola.
  • En 1618 comenzó la “Guerra de los 30 Años”, con la que Felipe III apoyó al emperador Fernando II de Austria contra Federico V. El reinado de Felipe III presentaba importantes dificultades económicas que, junto a la cesión del gobierno a privados o validos, anticipaba el declive del Imperio Español.

En 1618 se consultó al Consejo de Castilla sobre la situación del reino y se aconsejó que se suplicara al rey que “se sirva poner límite en las fundaciones de religiones y monasterios y en número de religiosos", incluso los propios eclesiásticos reconocieron que "el elevado número llevaba, entre otras cosas, a inconsecuencias graves respecto a la vocación", pero la consideración social del clero durante los siglos XVI y XVII continuó siendo muy importante y complicó la toma de posibles medidas. Finalmente apareció la primera medida en 1621, cuando Felipe IV impuso las "mesadas eclesiásticas (importe de un mes de renta en todas las prebendas de la Iglesia que se proveyesen en la monarquía), concedidas por el papa Urbano VIII y renovadas cada 10 años. Es importante señalar que durante su reinado hubo 4 bancarrotas de la Real Hacienda (1621, 1647, 1656 y 1662).

Durante el reinado de Carlos II la desastrosa situación económica y la crisis política y social heredadas del reinado de su padre Felipe IV dio lugar a una serie de devaluaciones monetarias que alcanzaron el culmen con la deflación de la moneda de vellón en 1680 y la posterior caída de la actividad económica. Como si fuera poco, la inestabilidad continuó y, con ella, también continuaron los gastos en acciones bélicas, destacando:

  • Dos guerras contra Francia durante el reinado de Carlos II, que desencadenaron la firma de una tregua de veinte años con Francia (Ratisbona, 1684), pero esta tregua se rompió en 1690 al concluirse una alianza entre España, Inglaterra, los Países Bajos y el Imperio dando lugar a un tercer enfrentamiento bélico que duraría hasta 1697.
  • Ante ello los ejércitos franceses ocuparon una serie de plazas catalanas y se apoderaron de Barcelona en 1697. Esta tercera guerra contra Francia finalizó con la paz de Rvswick, primera derrota importante de la política exterior de Luis XIV, que se vio obligado a ceder a España plazas en Cataluña, Flandes y Luxemburgo.

En noviembre de 1700 murió Carlos II dejando un testamento sucesorio que provocaría la Guerra de Sucesión que finalizaría con la firma de los Tratados de Utrech (1713) y Rastadt (1714) en los que la Corona perdería los territorios de Italia y Países Bajos, cedería Menorca y Gibraltar a Gran Bretaña y entregaría la colonia del Sacramento a Portugal. Carlos II fue el último monarca de la dinastía de los Austrias, dando paso a la de los Borbones con Felipe V pero continuando con la inestabilidad sociopolítica del país.

Desamortizaciones 1

El Antiguo Régimen entró en crisis en este siglo debido a las nuevas actividades económicas, ascenso de nuevos grupos sociales (burguesía) y aparición de nuevas ideas (Ilustración). En este periodo, seguramente condicionado por lo anterior, es cuando tiene lugar la controversia entre el uso del latín o el uso del español en las aulas, abandonándose poco a poco el latín. 

Tal era la situación existente en los primeros años del siglo XIX que se atribuye a José Zorrilla el siguiente comentario: "Todo ha caducado ya en España: la alta clase es absolutamente francesa; la clase media conserva algún ligero recuerdo de la tradición, pero tradición que ya no se apodera del alma; el pueblo bajo de las capitales es ateo en religión, ateo en política, y sólo fuera del recinto de las grandes poblaciones vegetan los rastros de una nacionalidad perdida". No obstante las inmensas posesiones y bienes que tenía la Iglesia desde la Edad Media incrementaban sus rentas de manera continuada. A pesar de las quejas, la fuerza social de la Iglesia permaneció elevada debido a la religiosidad del pueblo español y de sus monarcas, viéndose ello favorecido por las costumbres y Leyes existentes.

La polarización del poder económico y político de los estamentos privilegiados en el Antiguo Régimen (clero y nobleza) en Castilla la Vieja durante el siglo XVIII fue protestada en algunas ocasiones por los grupos sociales menos favorecidos. De esta manera salió a la luz la siguiente relación de población eclesiástica en Segovia, que da buena idea de la realidad de entonces:

- 1751: 1686 personas (1'72% de la población de la provincia).

- 1768: 1547  personas (1'41% de la población de la provincia).

- 1775: 1533  personas (1'36% de la población de la provincia).

- 1786: 1500  personas (1'26% de la población de la provincia).

- 1797: 1474  personas (1'25% de la población de la provincia).

Es de destacar que en esta época, calculada la producción provincial neta para Segovia a partir del Catastro de la Ensenada, los ingresos líquidos del clero, que representaban menos del 2% de la población segoviana, eran equivalentes al 10% del producto provincial neto; dicho de otra manera: la renta per cápita de los eclesiásticos era unas 10 veces mayor que la de la media provincial.

Los tímidos intentos de cambiar esta situación de privilegio (recordemos que la Iglesia no pagaba tributos) fueron en vano hasta la segunda mitad del siglo XVIII cuando la actitud renovadora se enfrentó directamente a la Iglesia, posiblemente influidos por la Revolución Francesa (1789) y dio paso a las desamortizaciones habidas desde 1798 hasta 1855, afectando a sus bienes civiles y eclesiásticos.

Así pues, tras aquellas tímidas enajenaciones de los Austrias, en 1798 se decretó la primera desamortización eclesiástica debido al déficit de la Hacienda pública, agravado por los gastos de la guerra que se mantenía contra Inglaterra. Simón Segura detalla que se vendieron “bienes raíces pertenecientes a casas de beneficencia, hermandades, obras pías y patronatos de legos”.

Desamortizaciones del siglo XIX

La situación económica empeoró y, en 1800, Carlos IV, para no declarar la bancarrota de la Monarquía, decretó la Desamortización del Patrimonio Real a excepción de la real fortaleza de la Alhambra de Granada, del Palacio del Alcázar de Sevilla y demás pertenencias en dichas capitales, indicándose la venta en subasta pública “de los demás bienes y edificios de la Corona que no fueran necesarios para la servidumbre de la Real Persona y de su familia”. Esta Desamortización del Patrimonio Real se interrumpió en mayo de 1808 debido a sucesos políticos y militares y, según Cos Gayón, no volvió a ser planteada a pesar de las repetidas revoluciones, hasta 1855.

Sobre el número de integrantes del clero a principios del siglo XIX Simón Segura publica que, de acuerdo con el censo oficial, alrededor de 1803 había:

  •  Clero de catedrales, parroquias, oficiales de Inquisición y de cruzada: 95.205 personas.
  •  Clero regular, religiosos: 69.664 personas.
  •  Clero regular, religiosas: 38.429 personas.

El citado autor señala que estas cifras suponen entonces la presencia de 1 eclesiástico por cada 50 personas y que el clero regular disponía de 108.093 personas en claustro distribuidas en algo más de 3.000 conventos.

Ante el constante y creciente déficit del erario público Carlos IV gestionó en 1805 con el Papa Pío VII la facultad de poder enajenar más propiedades, cosa que consiguió siempre que su valor no excediese de 6,400.000 reales de renta al año. De esta manera en 1806 el Papa concedió al rey el derecho de vender la séptima parte de los predios pertenecientes a la Iglesia, incluyendo las Órdenes Religiosas y Militares, salvo algunas excepciones.  En 1808 Fernández González y de Cárdenas estimó en 1.600 millones de reales la cifra obtenida con las ventas de dichos bienes, cantidad que no difiere sustancialmente por el aportado por el informe de Richard Herr que, según afirma Simón Segura, decía que “la desamortización de Carlos IV fue un acontecimiento capital en la transformación de la España del Antiguo Régimen a su estado contemporáneo”, todo ello “a pesar del acusado coste social que supuso para enfermos, huérfanos, ancianos, etc, el que se vendiera el patrimonio que proporcionaba ingresos para atender las instituciones donde dichas personas encontraban algún cuidado”. Hemos de recordar en este momento que estos colectivos formaban parte, junto a los estudiantes más pobres, de los “sopistas” y que la desaparición de las obras pías supuso el principio del fin del reparto de la “sopa boba”, alimento que pudo haber sido la única ingesta segura de estas personas, y que se empezó a comprometer con las acciones tomadas en 1798. Este costo social se acentuó con las desamortizaciones de 1836 y 1855, afectando sobremanera, según Simón Segura, a las instituciones de Beneficencia, Instrucción Pública y bienes de los pueblos.

Simón Segura recuerda que Napoleón Bonaparte mandó reducir el número de conventos a una tercera parte de los existentes (Chamartín, 1808) y que su hermano José Bonaparte suprimió en 1809 todas las órdenes religiosas y ocupó todos los bienes del territorio ocupado (apoderándose de riquezas y tesoros de las iglesias y conventos), medidas que chocaron frontalmente con el sentir de la población española.

En 1809, inmerso en la Guerra de la Independencia (1808-1814), continuaron medidas amortizadoras y las primeras medidas adoptadas por la Junta Central dictaron “que se aplicarían a las urgencias del Estado los productos de las obras pías no destinados a la Beneficencia, instrucción u otro objeto de utilidad pública” (con lo que se pudo sostener el reparto de la ‘sopa boba’) que continuaron agravando la situación de los más desfavorecidos, y en 1810 Simón Segura comenta que las Cortes destinaron al mismo fin “las rentas de los beneficios eclesiásticos vacantes”.

En 1813 continuaron las acciones contra la Iglesia, prohibiéndose la construcción de los conventos destruidos, suprimiendo aquellos en que no profesaban 12 religiosos (a menos que no hubiera otro convento en los pueblos) y ordenando que no hubiera en cada pueblo más de una comunidad de la misma Orden o instituto religioso. Posteriormente se declaró la hipoteca de la Deuda Nacional de las posesiones de los jesuitas, de la Orden de San Juan, de las fincas de los Maestrazgos vacantes del resto de Órdenes Militares y de los conventos suprimidos.

El restablecimiento del absolutismo por Fernando VII en 1814 anuló todas las medidas anteriores y se ordenó que se devolvieran a los conventos los bienes enajenados durante el gobierno de José I (José Bonaparte). De esta manera, con el apoyo incondicional del rey, las Órdenes y corporaciones eclesiásticas volvieron a poseer casi la totalidad de los bienes confiscados a la vez que consiguieron nuevas donaciones, pero esta situación duró poco porque el gobierno constitucional de 1820 restableció lo acordado por las Cortes de 1813 así como la pragmática de Carlos III que suprimía a la Compañía de Jesús, aplicando sus posesiones al erario público; un Decreto de 1 de octubre suprimió los monasterios monacales, conventos de Órdenes Militares, todos los hospitalarios, etc. redujo el número de órdenes no suprimidas, y aplicó al crédito público todos los bienes de los monasterios suprimidos; y un Decreto de 13 de noviembre extendió la expropiación y mandó a vender todos los bienes expropiados.

Continuando con las medidas aplicadas contra la Iglesia, Simón Segura señala que en 1821 se decretó la reducción de los diezmos a la mitad y se impuso al clero una contribución de 120 millones de reales. Tras fallecer Fernando VII en 1833 se decretó la venta en pública subasta de los bienes del clero regular y secular, contribuyendo a ello la Primera Guerra Carlista que discurrió de 1833 a 1839 (luego hubo otras dos más entre 1846 y 1849 y entre 1872 y 1876) y en la que muchos elementos del clero tomaron partido por el bando rebelde.

Simón Segura afirma que entre 1808 y 1823 se secularizaron muchos frailes, se desterraron muchos clérigos, se redujeron y suprimieron muchos conventos, se prohibió la admisión de novicios así como la reedificación de los conventos en ruinas y se vendieron los bienes expropiados entre otras medidas. El Gobierno Constitucional se apropió del patrimonio del clero y luego la Monarquía absoluta posteriormente instaurada se los quitó sin indemnización alguna a quienes los compraron constitucionalmente en subasta pública. De esta manera afirma Simón Segura, que principalmente durante el Trienio Liberal (1820-1823), millares de religiosos quedaron en gran pobreza y dificultad porque no se les abonaron las cantidades prometidas.

Durante el periodo comprendido entre 1810 y 1825, quizás aprovechando tanto la manifiesta inestabilidad política española (Levantamiento del coronel del Riego en 1820; entrada de Los Cien Mil Hijos de San Luis en 1923, restaurando el absolutismo con Felipe VII) como la situación de las arcas tras la Guerra de la Independencia, es cuando ante la manifiesta improbabilidad que se enviaran tropas para contrarrestar los movimientos revolucionarios latinoamericanos éstos concluyen en la independencia de los territorios españoles de ultramar: Argentina (1816), Chile (1818), Colombia (1819), México, Santo Domingo y Perú (1921), y Bolivia (1825), por citar unos cuantos.

De este modo las continuas guerras, la inestabilidad política, el estancamiento de la economía y el peligro de que un enemigo (extranjero o nacional) arrasara con el ahorro de años fueron constantes en la España de esta época. Todo ello parece haber determinado la disminución del número de eclesiásticos en España puesto que, según Miñano, en 1826 el clero regular estaba integrado por 92.627 personas (611.327 religiosos y 31.400 religiosas) mientras que el clero secular lo formaban 57.892 individuos, cifra que contrasta con la de Vicente de la Fuente que dice que “en 1826 se contaban ya en España 127.340 eclesiásticos”.

En junio de 1835 se acentuaron notablemente las medidas contra la Iglesia y sus bienes durante el corto mandato del conde de Toreno como Ministro de Hacienda, que suprimió a la Compañía de Jesús por Real Decreto de 4 de julio de 1835, se restableció la Pragmática Sanción de 2 de abril de 1767 destinando sus bienes y rentas a la extinción de la deuda pública y al pago de sus réditos. También, de acuerdo con la Real Junta Eclesiástica (constituida en 1834), se suprimieron los monasterios y conventos que no tuvieran 12 religiosos a excepción de los escolapios y misioneros de las provincias de Asia. La justificación de esta medida estaba en el preámbulo del Decreto, en el que se decía que en España existían más de 900 conventos que “por el corto número de sus individuos no pueden mantener la disciplina religiosa ni ser útiles a la Iglesia”. Estas medidas no fueron bien vistas por la corriente liberal y el movimiento revolucionario se extendió rápidamente por las provincias recayendo en Juan Álvarez Mendizábal (hábil financiero y comerciante) el encargo de formar Ministerio en el de Hacienda.   

De esta manera los Gobiernos de 1836 y 1855 adoptaron actitudes “revolucionarias” bajo consignas de equilibrio y justa necesidad, determinando la progresiva disminución del clero español durante las primeras décadas del siglo XIX y en los que la Guerra de la Independencia contra los franceses, la constitución de numerosas Juntas, las Cortes de Cádiz, el Bienio Reformista y el Trienio Liberal tuvieron especial incidencia para la llegada de la Ilustración. Lógicamente la erradicación del Antiguo Régimen debía afectar a las instituciones más poderosas, al frente de las que se encontraba la Iglesia ya que sus bienes apetecían tanto a la Hacienda pública como a la Monarquía. En un principio se buscó disponer de ellos con el consentimiento del Papa pero posteriormente se adoptaron actitudes más radicales cuyo triunfo determinó el enfriamiento o rotura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede, llegándose a la retirada de embajadores según Simón Segura. Durante estos primeros decenios del siglo XIX España presenció enajenaciones de bienes, matanzas, degüellos y supresión de conventos, así como pleitos sobre bienes y señoríos de la Iglesia.

Para tener una pincelada de cómo se hallaba España en la segunda mitad de la década de 1840 basta este párrafo: "De 1846 a 1850 fueron cinco años que forman parte de aquel largo período de los 11 totalmente ocupado por la dominación moderada. Narváez y sus parciales, idólatras del sistema doctrinario francés y de su propia inclinación muy dados á la paliza, tendían  á medir á puños las cabezas y las espaldas á varas: la política del cartucho en el cañón y tente tieso".... no extraña que hubiera algaradas estudiantiles, sobre todo en Barcelona. 

MendizabalDe entre las más famosas desamortizaciones se halla la llevada a cabo por Juan Álvarez Mendizábal. Con la Orden de 11 de octubre de 1835 extinguió las Órdenes religiosas por considerar desproporcionado e innecesario su número y la conveniencia de poner sus fincas en circulación para “aumentar los recursos del Estado y abrir nuevas fuentes de riqueza”. Aunque cesó de ministro en mayo de 1836, la desamortización por él emprendida se planteó para intentar solucionar con recursos nacionales los problemas que entonces enfrentaba España (guerra carlista, fracaso en las negociaciones con Inglaterra, aumento de la deuda del Estado, corporaciones religiosas, etc.) y el tiempo se ocupó de desvelar su falta de eficacia. Tras pasar tres ministros por la cartera de Hacienda, Mendizábal volvió a ocuparla desde septiembre de 1836 hasta agosto de 1837, volviendo a tomar su proyecto desamortizador. Todos los ministros posteriores hasta García Carrasco impulsaron la desamortización intentando aumentar las ventas para incrementar los recursos que aliviaran las arcas del Estado. Mendizábal fue nuevamente ministro de Hacienda del 21 de mayo de 1841 al 22 de mayo de 1842 y de mayo a julio de 1843, meses en que las ventas de los bienes desamortizados alcanzaron cifras elevadas.

Vicente de la Fuente decía de él que buscaba “honradamente el bien y el progreso de la nación, aunque muchas veces de forma irreal, al proyectar y poner en práctica reformas copiadas del extranjero, sin viabilidad en la ruda realidad española presidida por la pobreza, atraso e ignorancia”, y denunció que Mendizábal se adjudicó a sí mismo una finca de Pozuelo (Cáceres) que fue rematada en el proceso desamortizador.

Simón Segura, recordando que Mendizábal llegó a disolver las Cortes, relata que con su desamortización esperaba obtener con inmediatez los recursos necesarios para acabar con la guerra carlista, amortizar la deuda y para poner en circulación bienes de la Iglesia con la intención de que ello vinculara a la causa isabelina a las familias que los compraran. Entre las medidas por él impulsadas estuvo una Instrucción de 8 de marzo de 1836 que declaró "suprimidos todos los monasterios, conventos, colegios y demás casas de comunidad o de instituto religioso de varones, incluso los de clérigos regulares, y las de las cuatro Órdenes Militares y San Juan de Jerusalén existentes en España y África". El intento de disminuir la deuda pretendió también, según Real Decreto de 19 de febrero de 1836, “abrir una fuente abundantísima de felicidad pública, vivificar una riqueza muerta, desobstruir los canales de la industria y de circulación, apegar al país por el amor natural y vehemente a todo lo propio, ensanchar la patria, crear nuevos y fuertes vínculos que liguen a ella; es, en fin, identificar con el trono excelso de Isabel II, símbolo de orden y libertad… “. No obstante, como señala Simón Segura, lo que realmente interesaba era vender pero la mayoría de los ciudadanos no disponía de dinero y no pudieron comprar las tierras puestas a la venta, empeorando la situación de los colonos.

Con la desamortización de Mendizábal iba el espíritu reinante en el siglo XIX que intentaba demostrar la inutilidad de las Órdenes religiosas bajo el cual podía subyacer, como apunta Simón Segura, una actitud de intolerancia presionada por la necesidad económica. Afirma dicho autor que cualquiera estaba facultado para pedir la tasación de la finca que apeteciera pero los compradores no acudían, siendo muestra de ello que a finales de agosto de 1836 sólo se habían vendido 195 fincas, siendo las primeras las ubicadas en lugares céntricos de Madrid (Puerta del Sol y calles de Alcalá, Preciados entre otras; el 71’01% de ellas) y vendiéndose más tarde fincas de Cádiz (17’59%) y otras provincias siendo interesante que esto más lo vendido en Barcelona y Valencia supuso casi la totalidad de las ventas, con un 96’03% del total.

Simón Segura añade que, además de esta falta de dinero circulante para comprar los bienes puestos en venta, parece que la actitud general de la mayoría del pueblo “respondía a una indiferencia u oposición ante las medidas decretadas por el Gobierno y aplicadas a las Órdenes religiosas”, todo ello sin olvidar que las experiencias anteriores señalaban que con el cambio de gobierno se podrían anular las ventas e incluso acompañarse ello de represalias, con lo que eran más factibles las ventas de fincas urbanas de las grandes ciudades en las que se pudiera lograr un alto beneficio con su compra.

MadozLa experiencia de la desamortización de Mendizábal fue un factor que contribuyó al éxito de la realizada por Madoz en 1855 pues ya en 1841 el 87% de las ventas de fincas urbanas provinieron en su mayoría de Málaga, Valladolid, Palencia y Burgos (la venta de fincas rústicas no fue de importancia). En septiembre de 1841, bajo la regencia de Espartero, una Ley puso en venta todas las fincas, derechos y acciones del clero secular, disipando ello todos los temores que mantenía una parte de la población a pesar de un proceso desamortizador que ya llevaba 5 años en curso y consolidándose definitivamente.

Según Pascual Madoz, hasta julio de 1845 el total de lo vendido ascendió a 3.447,277.075 reales, cifra que no discrepa en exceso de los 3.273,676.230 reales hallada por Simón Segura para abril de 1844. Para 1844 se desamortizó el 62% de lo que poseía el clero en toda la nación, quedando bienes por valor superior a 900 millones de reales para engrosar el patrimonio de la desamortización llevada a cabo en 1855, la mayor de cuantas se habían decretado en España hasta entonces, recaudando más del doble de lo hecho por la de Mendizábal.

La Ley desamortizadora de 1 de mayo de 1855 destinaba los fondos que se recaudaran con la venta de los bienes del Estado, del clero y el 20% de la venta de los bienes propios, beneficencia e instrucción pública a cubrir el déficit del presupuesto del Estado del año corriente. Destinaba el 50% de lo restante y el total de lo ingresado en años sucesivos a la amortización de la deuda pública consolidada y a la amortización mensual de la deuda amortizable de 1ª y 2ª clase; destinaba el 50% restante a obras públicas de interés y utilidad general destinando de ello 30 millones de reales para el pago de consignaciones hechas por el Gobierno de S.M. para reedificar y reparar iglesias.

Con estas dos desamortizaciones de Mendizábal y Madoz (publica Simón Segura) se vendieron más de 600.000 fincas que alcanzaron un valor en venta superior a los 11.000 millones de reales desde 1836 hasta finales del siglo XIX, cifras que “tendrían que ejercer un fuerte impacto sobre la evolución de la economía nacional”.

Por el contrario, al analizar “la otra cara de la moneda” dicho autor señala que la de 1836, al afectar a los bienes de la Iglesia, repercutió en el incalculable tesoro artístico del clero regular, que al tener que abandonar sus propiedades, llevaron a la ruina y demolición de muchos edificios de valioso estilo arquitectónico, pérdida y destrucción de numerosísimas obras de arte (retablos, cuadros, esculturas, tallas…), así como abandonos, destrozos y ventas de innumerables fondos de los ricos archivos y bibliotecas que poseían muchos conventos. Comenta igualmente que casi hay unanimidad en considerar que “la desamortización de Mendizábal se realizó con falta de maduración y de forma atropellada”.

Este análisis, ahora relacionado a la desamortización de 1855, señala dicho investigador que ésta, a diferencia de la de 1836 en que la casi totalidad de bienes vendidos procedía del clero (especialmente del clero regular), la institución más afectada fue el municipio, con pérdida de gran cantidad de bienes propios, primando tanto en los municipios como en el clero el volumen procedente de las fincas rústicas. De esta manera gracias a la desamortización de 1855 “millones de hectáreas de tierra esparcidas por todo el territorio nacional cambiaron de propietarios. Desaparecieron las grandes posesiones de los pueblos y municipios que pasaron a manos de particulares”, estimándose provisionalmente por Simón Segura en 1973 que de 1836 a 1900 la extensión territorial vendida a raíz de las desamortizaciones se puede estimar en unos 10 millones de hectáreas de fincas rústicas, lo que equivale al 20% del territorio nacional.

Desamortizaciones 2

Consecuencias de sociales de las desamortizaciones

Todos conocemos que la consecuencia de la desaparición de las Obras Pías que repartían la sopa boba (1798-¿1814?) fue la desaparición de los sopistas de todo tipo (ancianos, huérfanos, viudas, pobres de solemnidad y escolares pobres)(*), con lo que la parte más desvalida de la sociedad quedó, si cabe, aún más en precario pero en lo social, lo que más ha trascendido y compartiendo la tesis de Simón Segura, la desamortización originó la sustitución de la estructura social y económica señorial o feudal por la capitalista. Como afirma dicho investigador, el capitalista así surgido no persiguió obtener los máximos beneficios para reinvertirlos y acrecentar el producto social ni estuvo al servicio de la sociedad sino que era amigo del buen vivir y no se aventuró a correr riesgo alguno. De esta manera la mayoría de los terratenientes surgidos con la compra de bienes nacionales fueron familias que se erigieron en la élite económica de la sociedad, vivieron sin que las moviese ningún ‘alto ideal’ y se constituyeron como grupos cerrados, bien como “señoritos de pueblos” del medio rural o como profesionales liberales, algunos de los cuales derivaron en la política. De esta manera “la desamortización sirve a ciertas clases sociales para implantar socialmente su escala de valores, desarrollándose la estructuración social basada en el poderío económico, y cuyo origen se encuentra en la afirmación y triunfo de la burguesía”.

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Nota:

(*) En relación con el nombramiento de Riego como presidente de las Cortes se publicó, relacionado a Valencia: ".......habiendo llamado particularmente la atención una soberbia estudiantina, en la que se llevaba una bandera de tela de seda verde con un letrero que decía viva Riego aunque nos quiten la sopa; esto último parece que los estudiantes lo decían por habérseles negado ya la sopa que a los pobres de esta clase se les daba en algunos conventos de aquella ciudad [Valencia]" (Correo Murciano. Nº 11. 09/03/1822), con lo cual queda evidente que ya no se repartía la sopa boba.

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Fuente principal:

Simón Segura. F. La desamortización española del siglo XIX. Instituto de estudios Fiscales. Ministerio de Hacienda. Impreso en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. 1973.

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Fuentes secundarias:

Biblioteca Cervantes. La monarquía hispánica. Carlos II. En: http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/monarquia/carlos2.shtmll Visto el 10/03/15.

Biblioteca Cervantes. La monarquía hispánica. Felipe III. 2015. En: http://www.cervantesvirtual.com/bib/historia/monarquia/felipe3.shtml Visto el 10/03/15.

Carabias Torres, AM. La polémica entre resistencia y cambio cultural en España: el ejemplo de Don Joseph de Roxas y Contreras. En: Coloquio Internacional: Unidad y diversidad en el mundo hispánico del siglo XVIII. Salamanca, Editado en El mundo hispánico en el siglo de las Luces, vol. II. Madrid: Editorial Complutense. 1996.

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 Publicación: 12/03/15     Actualización: 30/08/15